Desde el 2 de marzo las personas físicas no pagan tasas por las demandas que presentan en los juzgados españoles.

Fue hace más de dos años cuando el gobierno actual, siendo Gallardon ministro de justicia, impuso la obligación de abonar tasas para acudir a los tribunales. Transcurridos veintisiete meses, después de que los ciudadanos hayan abonado 500 millones en tasas judiciales para poder acceder a su derecho a litigar, en año electoral, y con un ministro de justicia distinto, el gobierno ha exonerado a las personas físicas de la obligación del pago de las tasas.

Y lo ha hecho mediante Decreto-Ley. Apuntar que, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución, el Decreto-Ley es un instrumento que se concede al gobierno para utilizarlo en caso de «extraordinaria y urgente necesidad».

La imposición de la obligación del pago de las tasas judiciales ha enfrentado al gobierno con todos los colectivos de abogados, que han alegado y reivindicado que esta medida ha impedido a miles de ciudadanos el acceso a la justicia para la defensa de sus derechos.

Nos quedará la duda sobre del motivo de esta reforma legal: si ha sido la presión de los colectivos de abogados, o el hecho de encontrarnos en año electoral.