La cancelación de la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad es un acto por el cual los notarios y registradores cobran unas tarifas registrales a los ciudadanos que pretenden realizer la cancelación de su hipoteca.

El Real Decreto 1612/2011 de 14 de noviembre aprobó una rebaja del 5 % de los honorarios notariales y registrales establecida por la Ley 41/2007 de 7 de diciembre. Sin embargo, los Consejos de Notarios y Registradores no aplicaron la rebaja arancelaria desde el 2007 hasta mayo de 2012, y cobraron unos 400 millones de euros de más a los ciudadanos. Los notarios y registradores intentaron impedir la aplicación de la rebaja planteando un recurso ante el Tribunal Supremo.

No obstante, tres Sentencias de la Sala 3° del Tribunal Supremo ( rec. 794/2011 de 10 de octubre de 2012; rec. 864/2011 de 10 de octubre de 2012; rec. 20/2012 de 19 de octubre de 2012)  desestimaron las pretensiones de los notarios y registradores, y confirmaron la legalidad del Real Decreto 1612/2011, que establece una rebaja en las tarifas notariales y registrales.

En consecuencia, la Fiscalía del Supremo obligó a la Dirección General de Registros y del Notariado a dirigirse a notarios y registradores para que devolvieran los más de 400 millones cobrados de más a cientos de miles de clientes que cancelaron sus hipotecas.

La Dirección General instará al Consejo General del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles la aplicación de medidas concretas para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo.

Una persona que canceló su hipoteca entre 2007 y mayo de 2012 podrá remitir un escrito dirigido al notario y al registrador pidiendo que le calculen la minuta de acuerdo a los aranceles correctos, y solicitar la devolución del dinero que pagó de másna. Quien canceló su hipoteca después de mayo de 2012 no podrá pedir la devolución, porque en esa fecha el gobierno volvió a subir los aranceles.

El Colegio de Registradores de la Propiedad tiene disponible un teléfono para realizar las reclamaciones: 900 10 11 41. Más información en su página web.